Las encuestas revelan que el 68,2% de los menores de entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en los últimos 30 días. Datos que ofrece encuesta ESTUDES, publicada por el Plan Nacional Sobre Drogas y en donde también se afirma que alrededor de un 30% ha tenido alguna borrachera en los últimos 30 días. Unos números que muestran que todavía queda mucho por hacer en la lucha contra la ingesta de estas bebidas entre las nuevas generaciones.
Por este motivo, diferentes entidades de la sociedad como CEAPA, CONCAPA, Escuelas Católicas, FAD, FEDADI, Mejora tu Escuela Pública, Socidrogalcohol y UNAD, han unido sus fuerzas. Una sinergia con la que se pretende poner en marcha una guerra preventiva frente al consumo de alcohol por parte de los menores. En ella se valoran distintas iniciativas como la subida del precio de estos artículos para frenar su ingesta en jóvenes.
Recomendaciones a la Administración Pública
Esta lucha no solo incumbe a padres, a entes educativos o a los mismos menores. La Administración también deben sumarse a estas medidas y exponer poner en marcha medidas que prevengan el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores. Estas entidades proponen a los organismos públicos los siguientes puntos:
– Incrementar los precios de las bebidas alcohólicas para frenar el fácil acceso de los jóvenes a estos artículos.
– Control exhaustivo de aquellos locales que vendan o sean sospechoso de vender bebidas alcohólicas a menores. Vigilancia acompañada de sanciones económicas si se comprueba esta venta y clausura de los mismos, si fuese necesario, ante la continua reincidencia.
– Reinversión de estas sanciones económicas, por parte de las administraciones públicas, sean municipales, para la mejora de instalaciones deportivas, acondicionamiento de locales para ocio juvenil que ofrezcan una alternativa al consumo de alcohol.
– Legislar sobre la publicidad y los patrocinios de las empresas de bebidas alcohólicas, para cambiar los mensajes transmitidos a los jóvenes que muestran el alcohol como algo divertido.
– Endurecer la legislación y aumentar el control para evitar la toma de alcohol en la vía pública, con sanción a las personas que lo hagan y a los ayuntamientos que no cumplan con la normativa.
– Promover una verdadera Ley del Alcohol a nivel estatal, que sea de obligado cumplimiento por todas las administraciones locales y municipales. El objetivo es imponer una misma normativa para todos, con protocolos de actuación homologados.
– Aumento del apoyo a las organizaciones que trabajen en para prevenir el consumo de alcohol en menores y que actúen en sobre los colectivos más vulnerables, tanto públicas como privadas.
– Trabajo conjunto con los servicios sociales y policía local para tener un mayor control en los sitios de encuentro de los jóvenes donde se consume alcohol y otras sustancias adictivas.
– Crear conciencia en la sociedad sobre el gasto que supone a las administraciones públicas la limpieza de los lugares de concentración de jóvenes para beber y los problemas sanitarios y coste de los mismos por atención a las personas ebrias y con comas etílicos, etc.
¿Qué pueden hacer los padres?
Queda claro que la Administración Pública debe sumarse a la lucha contra el consumo de alcohol en jóvenes. Pero no puede negarse tampoco la misión de los padres en este sentido. Los progenitores son una potente influencia educativa, y por ello se apuesta por estas medidas para contribuir a frenar la ingesta de estas bebidas:
– Potenciar las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, AMPAS, como primer agente formativo de las familias, garantizando su financiación por medio de subvenciones dedicadas a programas preventivos sobre consumo de alcohol y de sustancias adictivas en menores.
– Colaboración de las administraciones públicas con las AMPAS en el desarrollo de programas alternativos de ocio responsable que puedan ofrecerse en los centros educativos a nuestros jóvenes y que permitan tener alternativas a la bebida una vez terminada la jornada escolar y sobre todo los fines de semana.
– Representatividad de las familias en todas las estructuras de las administraciones públicas en las que se hable, dialogue o se trabaje sobre el consumo de alcohol en menores que sean favorecidas por entidades municipales, provinciales, autonómicas y estatales.
– Trabajos en favor de la comunidad para los jóvenes reincidentes, incluyéndolos en programas específicos que ayuden a personas que de una u otra manera hayan sido perjudicadas o victimas de esas conductas negligentes de los que beben sin control, como resultado de los accidentes de tráfico, y con la colaboración en ciertos casos de los tutores-padres del menor.
Damián Montero
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