MADRID, 16 Abril
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha planteado a los consejeros de Educación, en el seno de la Conferencia Sectorial extraordinaria celebrada este lunes, elevar hasta un 20 por ciento el ratio de alumnos por aula en Primaria y Secundaria, como una de las medidas para hacer frente al nuevo recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa anunciado por el Gobierno.
Esta medida, según ha explicado el propio ministro, será aprobada mediante Real Decreto-Ley el previsiblemente el próximo viernes en el Consejo de Ministros, junto a un paquete de otras cinco modificaciones para hacer frente al recorte en enseñanza no universitaria. Asimismo, ha señalado que tienen que ponerse en marcha «cuanto antes».
Concretamente, Wert ha explicado que se ha propuesto una modificación de los ratios de alumnos previstos en la Ley Orgánica de Educación (LOE) para ampliarlos hasta un 20 por ciento en Primaria y Secundaria. En este caso, el titular de Educación ha señalado que esta medida está vinculada a las circunstancias de excepción. Así, ha señalado que se incrementará la excepcionalidad de un rango del 10 por ciento en los distintos niveles (25 alumnos en primaria y 30 en secundaria) hasta el 20 por ciento.
Otra de las medidas afecta a las horas lectivas del profesorado. En este sentido, Educación propone establecer una parte lectiva de la jornada semanal del profesorado de como mínimo 25 horas en Infantil y Primaria y 20 horas en Secundaria.
Igualmente, el ministro ha propuesto aplazar la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional hasta el curso 2014-2015, así como suspender la obligatoriedad de ofertar todas las opciones de Bachillerato y anular la creación de nuevos complementos retributivos del profesorado. Finalmente, ha señalado que las bajas inferiores a los diez días lectivos deberán ser cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos.
«Son medidas que, a nuestro juicio, y en general el de la mayoría de las comunidades autónomas, no inciden sobre la cobertura y la calidad de la educación y no afectan a la equidad», ha subrayado Wert, tras presidir la Conferencia Sectorial. Asimismo, ha asegurado que son medidas planteadas con un «marcado carácter de flexibilidad a las circunstancias concretas de cada una de las comunidades».
Wert ha concretado que todas estas medidas, excepto la referida a las dos modalidades de Bachillerato, tienen carácter coyuntural. Asimismo, ha insistido en que el fin es «facilitar» a las comunidades alcanzar el objetivo de déficit marcado por el Gobierno central que, para 2012, se establece en el 1,5 por ciento.
El ministro ha subrayado el carácter «flexible» de estas líneas de actuación, aunque ha recordado que el objetivo de déficit ha pasado de ser una «opción» a convertirse en una «obligación». También ha subrayado que no todas las comunidades parten de la misma situación, pues, según ha dicho, mientras unas cuentan con un déficit del 7%, otras rozan ya el 1,5%.
También ha insistido en que este real decreto es independiente a la reforma educativa del Gobierno, pero que establece las «condiciones necesarias» para que los futuros cambios en el sistema se puedan llevar a cabo. «Hay que poner a salvo la educación, cuyos cimientos se tambaleaban por la política anterior», ha apostillado.
El ministro no descarta convocar la Mesa Sectorial y ha reconocido que través de estas normas, el Gobierno está pidiendo «un sacrificio a los docentes de este país». «Estamos en la mejor disposición para hablar con ellos y agradecemos este esfuerzo», ha señalado, para añadir que son medidas «realistas, conmensuradas y no suponen un perjuicio sustancial ni indirecto a la calidad de la enseñanza».
Preguntado por el grado de compromiso de las normas por los responsables autonómicos de Educación, el ministro ha señalado que cada una está en su derecho de valorar «los criterios de oportunidad en relación con el déficit público». Pese a las críticas del consejero andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, por este recorte, Wert ha indicado que «no ha entendido» que la Junta de Andalucía no vaya a aplicar estas reformas.
«Cada comunidad tendrá que analizarlas y ver en qué punto del rango que establece la norma se puede y quiere situar. Estamos hablando de una ley de estabilidad presupuestaria que reduce la posibilidad de librar una batalla financiera por cuenta propia para las comunidades autónomas. No quiero ningún contencioso porque el espíritu de estas medidas es ayudarlas a lograr los objetivos de consolidación fiscal», ha aseverado.
DEFIENDE QUE NO HAY DESPIDOS
Sobre las críticas de pérdida de puestos de trabajo, el ministro ha defendido que se trata de ser «eficientes» y utilizar los «recursos permanentes», es decir, los funcionarios, frente a la contratación de personal interino. A su juicio, la no contratación de este personal no se puede cuantificar en términos de «despidos», sino de «no renovación de contratos».
Así, ha señalado que la no contratación de 100.000 interinos se traduce en un «ahorro» del gasto público «superior en más de 1.000 millones» a todo el «ahorro» que se pretende con estas seis medidas, más las que se van a plantear en el ámbito universitario. «Me resulta llamativo que el PSOE andaluz anuncie que estas normas supondrían 15.000 interinos menos en esta comunidad, lo cual está absolutamente fuera de la realidad», ha criticado.
Asimismo, ha indicado que los consejeros que piensen que esto supone una «invasión de competencias autonómicas», como ha denunciado la vasca, Isabel Celaá, «ya saben el camino». «Estamos en un Estado de Derecho y será el órgano jurisdiccional el que lo determine», ha concluido.