SEVILLA, 28 Junio
El fiscal delegado de Menores de Andalucía, José Rogelio Muñoz Oya, ha abogado este miércoles por juicios conjuntos entre mayores y menores de edad a diferencia de cómo ha pasado en otros casos como el de Marta del Castillo.
El fiscal, que participa en los cursos de verano que la Universidad Pablo de Olaviderealiza en Carmona (Sevilla), ha reflexionado sobre las necesidades de reforma de las leyes aplicadas a materias penales y casos específicos como los del ‘Cuco’ en Sevilla, en los que considera «fundamental».
Ha considerado necesario ir a una reforma «en cuanto al enjuiciamiento compartido». «Es un problema complejo que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha resuelto. Yo soy partidario de que el enjuiciamiento de mayores y menores sea un enjuiciamiento conjunto por el Órgano Jurisdiccional competente. Bien en el Juzgado de lo Penal o bien por la Audiencia Provincial, en virtud del acto delictivo que estemos enjuiciando», ha argumentado Muñoz Oya, que opina, a su vez, que en aquellos delitos graves juzgados conjuntamente es necesaria la presencia de «un juez o magistrado especialista en menores» que valore aspectos psicosociales.
«Es el fiscal quien decide si ese enjuiciamiento debe hacerse de forma conjunta o de forma separada en función de la gravedad del hecho delictivo a enjuiciar», ha añadido. A la vez, aboga por una «reforma técnica» para abordar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por ende la Ley Orgánica de Responsabilidad penal de los Menores, «porque esa es una de las críticas más feroces a esta Ley», ha expuesto.
Siguiendo con el caso de la sevillana muerta y la condena a un menor, al ser preguntado sobre medidas más graves para estos delitos, Muñoz Oya entiende que «no es necesario un endurecimiento de la Ley», ya que se recogen apartados específicos para delitos como «homicidio, asesinato, agresión sexual, terrorismo y delitos o penas mayores a 15 años» castigadas con centros de internamiento, acompañado de libertad vigilada y la duración de las mismas se decide en función de la edad, de 14 a 16 o 16 a 18 años.
Estas penas, que pueden prolongarse hasta los diez años de internamiento y posteriormente seguir en un centro penitenciario de adultos tras la revisión de la pena, es considerada para el fiscal delegado de Menores de Andalucía como «suficiente» y «adecuada», al menos desde el punto de vista «teórico». «No soy partidario del endurecimiento de las penas», ha enfatizado.
RESOCIALIZAR
En su conferencia ‘Responsabilidad penal de los menores infractores de tráfico’, además, José Rogelio Muñoz Oya ha valorado la resocialización, la educación, los cursos formativos y la colaboración de la sociedad para resolver los conflictos sociales que plantea una parte de la juventud en cuanto a temas delictivos. Por ello, considera algunas reformas específicas, aunque expone que las bases de regulación de delitos en menores son las adecuadas.
«No soy partidario del uso excesivo del Código Penal para resolver el conflicto social», ha expresado el fiscal al tratar temas como los delitos de menores, infracciones leves, demandas sociales o endurecimiento de la Ley, para la que considera es fundamental la «simplicidad» y «la educación».
La Seguridad Vial, los menores de edad y las infracciones de tráfico junto con la siniestralidad han sido el tronco del curso ‘Menores y jóvenes: grupos de riesgo en Seguridad Vial’, realizado en el Centro ‘Olavide en Carmona’, que se ha prolongado hasta este miércoles desde el lunes.
Muñoz Oya, como «uno de los tres mayores especialistas de menores en España», según el coordinador, ha tratado en su ponencia aspectos como los menores como delincuentes, la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, sociología y criminología. Principios como la resocialización del menor a través de la educación se debaten en la exposición de Muñoz Oya, que reflexiona que «no es cierto que cuanto más Código Penal tenga una sociedad democrática avanzada, menos delincuencia haya».
El fiscal considera que determinadas faltas que se han ido añadiendo al Derecho Penal para cubrir demandas sociales a lo largo de los años merecen una reflexión sobre si «deben sacarse de él, ya que no vienen a resolver el conflicto social desde el punto de vista práctico, como sucede en delitos de Seguridad Vial».
La «simplicidad» es para Muñoz Oya la principal reforma que debe plantearse para la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, pues, a su juicio, se necesitan medidas de «fuerte» contenido educativo y cuanto más simple «el menor lo entiende, la respuesta es fácil y es más educativo», siempre pensando en la posibilidad de reinserción en la sociedad cuando se comenten delitos entre los 14 y 18 años.
En Seguridad Vial reitera sus ideas, pues alude a la falta de especificación de la norma en los casos de menores delincuentes y asegura que la participación ciudadana en la solución de estos delitos supone un pilar fundamental, argumentando que en dichos casos recomienda «medidas no privativas de libertad, sino lo que se denominan las soluciones extrajudiciales, principalmente, la reparación y la mediación a través de cursos en Seguridad Vial, ya que la mayoría de estos delitos son de conducción sin permiso».
Muñoz Oya valora la «resocialización» como un derecho fundamental de los menores, que se consigue en los centros de internamiento y en los que se valoran aspectos como cumplimiento de objetivos y madurez.