La actual ley de educación tendría que completar su implantación en este curso académico. Pero se topa con la oposición de algunas Comunidades Autónomas. Con el asesoramiento del profesor Javier Laspalas, de la Universidad de Navarra, explicamos cuáles son los aspectos más relevantes de esta normativa y en qué elementos se ha desatado la controversia.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, aprobada por iniciativa del ex ministro José Ignacio Wert, debería implantarse durante este curso escolar 2015-2016 en 2º, 4º y 6º de Primaria, 1º y 3º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 1º de Bachillerato y 2º de Formación Profesional Básica. Sin embargo, bastantes Comunidades Autónomas parecen negarse a cumplir el calendario previsto.
Las polémicas sobre esta norma tienen que ver con las cuestiones habituales, tales como la asignatura de Religión, la desaparición de Educación para la Ciudadanía, o la reforma de los últimos cursos de Secundaria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Pero hay otro elemento novedoso de importancia: las pruebas de evaluación externa para los centros.
A continuación, intentamos explicar cuál es, a nuestro juicio, el espíritu que anima esta ley, que en realidad introduce pocos cambios en la regulación vigente:
Evaluación externa de los centros
Ha sido uno de los puntos más criticados. Habrá cuatro pruebas objetivas mediante las que se evaluará a todos alumnos: 3º de Primaria, 6º de Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Las primeras se realizaron el curso pasado en 3º de Primaria, y no han estado exentas de polémica, con protestas en algunas Comunidades Autónomas.
Las pruebas externas de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato tendrán influencia en la obtención de los títulos correspondientes, aunque su peso en la nota es diferente (30 % en el primer caso, 40 % en el segundo). Es decir, la concesión del título oficial no dependerá solo de las calificaciones otorgadas por los docentes.
Las evaluaciones permitirían identificar situaciones anómalas, pero también comparar unas escuelas con otras. Ello conlleva el riesgo de aplicar a la enseñanza, sin las debidas cautelas, criterios propios de la economía de mercado. Para evitarlo, a la hora de evaluar los centros, habría que tener en cuenta, además del rendimiento de los alumnos, cuál es su nivel social, económico y cultural de partida. En este sentido, la mejor escuela no es la que más puntuación obtiene, sino aquella cuyos alumnos avanzan más en menos tiempo.
Otro temor que suscitan las evaluaciones es el relativo a las medidas que se pondrán en marcha para paliar los problemas detectados. Parte de la comunidad educativa teme que, una vez fijada la radiografía del sistema escolar, los centros queden ‘etiquetados’ pero no haya mecanismos adecuados para plantear vías de mejora.
Respecto a la llamada Selectividad, desaparecería a finales del próximo curso, puesto que todos los alumnos de Bachillerato y de Formación Profesional, con independencia de si deciden acceder a la Universidad o a un Ciclo de FP Superior, tendrían que pasar por una evaluación externa. No obstante, cada Universidad podría implantar pruebas de acceso propias.
Una Secundaria más corta, un Bachillerato más largo
La nueva ley no modifica la duración de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (cuatro cursos) y el Bachillerato o la Formación Profesional (dos años). Sin embargo, se han introducido dos cambios importantes que suponen, de facto, una secundaria más corta y un bachillerato más largo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que algo parecido estaba de hecho previsto en la anterior normativa. Para los estudiantes que tienen serias dificultades durante los primeros cursos de la Secundaria Obligatoria se prevé un itinerario específico -durante el tercer y el cuarto curso-, que funcionaría como una especie de Formación Profesional Básica. Serviría, además, para ayudarles a superar los filtros académicos previstos: los exámenes para obtener el título de ESO o las pruebas de acceso a la Formación Profesional diseñadas para quienes no lo posean.
A modo de conclusión
Es muy pronto para saber si la LOMCE contribuirá a dinamizar el sistema escolar español, aunque la hostilidad con que ha sido recibida es un mal síntoma. En cualquier caso, conviene recordar que, aunque las escuelas tienden a obtener mejores resultados cuando cuentan con incentivos para hacerlo, como las evaluaciones o los reconocimientos, lo decisivo es el compromiso de los padres, los profesores y los alumnos. Si reina la autocomplacencia y falta la tensión por mejorar, poco pueden hacer las autoridades políticas.
Javier Laspalas – Facultad de Educación y Psicología. Universidad de Navarra
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