MADRID, 28 JunIO
El 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia y su riesgo de sufrir abusos sexuales es cuatro veces mayor que el de la población general, según el Informe sobre Violencia en Mujeres y Niñas con discapacidad de Naciones Unidas.
Los resultados de este informe presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han sido trasladados ante la Conferencia Internacional ‘Los desafíos del nuevo milenio para las mujeres con discapacidad’ que se celebra estos días en Madrid por la Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Gabriela Guzmán.
Según ha explicado, la violencia sobre las mujeres y niñas con discapacidad suele darse en los hogares, residencias, en la comunidad, en las escuelas y en otros establecimientos públicos o privados. No en vano, el informe añade que en el caso de las mujeres que viven en instituciones, ocho de cada diez están expuestas a la violencia de las personas de su entorno.
Asimismo, denuncia que las niñas con discapacidad también están expuestas a tener un mayor riesgo de sufrir violencia y prácticas nocivas (infanticidio, matrimonio precoz y forzado, esterilización forzada, mutilación genital femenina, violación de vírgenes, explotación y trata de personas etcétera), tal y como recoge el CERMI, entidad organizadora de la Conferencia, en un comunicado.
Según ha señalado Guzmán, son varios los factores determinantes para esta mayor exposición, como los estereotipos relativos a las situaciones de dependencia e incapacidad de las mujeres con discapacidad o la creencia de que no pueden presentar una denuncia, su aislamiento y exclusión de la sociedad o la dependencia que tienen de otras personas.
Además, por ser mujeres y discapacitadas se enfrentan a una discriminación múltiple, lo que la destina a enfrentar situaciones de pobreza, aislamiento, salarios inferiores o menos representatividad en la fuerza del trabajo. «Corren el riesgo de ser objeto de violencia debido a distintas formas de discriminación complejas e intersectoriales», ha señalado.
El informe pide una revisión de la legislación existente para proteger a estas mujeres, desarrollar programas preventivos y tendentes a erradicar la violencia que puedan sufrir, iniciativas de sensibilización para cambiar las percepciones sociales sobre las personas con discapacidad, y medidas para garantizar que los servicios y programas sean accesibles a estas personas, especialmente la Justicia.